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Justicia para los delitos sexuales durante el conflicto

Uno de los temas  que estará en discusión durante la legislatura que empieza, tiene que ver con la justicia transicional y su aplicación  para los delitos cometidos en el marco de conflicto armado que vivió Colombia durante más de cincuenta años. En ese contexto hay que decir que hemos sido las mujeres  las principales víctimas, pues fuimos sometidas a todo tipo de ataques, violaciones y explotación a todos los niveles con un alto grado de impunidad.

Las organizaciones sociales de mujeres, ONU mujeres, la Consejería Presidencial para la Mujer y la bancada femenina del Congreso de la República, estamos trabajando en la construcción de un documento que ponga de presente la necesidad de que crímenes cometidos por los actores armados no queden en la impunidad y se establezcan una serie de equivalencias que produzcan en nuestras congéneres vulneradas o en sus  familias niveles de justicia que compensen el dolor causado.

Las cifras oficiales han dado cuenta en los últimos años de la participación de todos los actores armados en asuntos de violencia sexual. Así, los registros indican por ejemplo, que durante los años 2010 a 2013 cada mes, en promedio, fueron agredidas sexualmente 7.5 mujeres, en el contexto del conflicto por algún grupo armado. Igualmente, en este periodo, la guerrilla tuvo en promedio un 17.02% de participación como presunto agresor, la fuerza pública un 52.5% y los grupos paramilitares un 19.5%8.

Es por eso importante que se pueda sacar adelante el denominado tratamiento diferenciado por crímenes relacionados con la violencia sexual. Lo que estamos buscando es que en el marco de este proceso de reglamentación de los acuerdos de paz, la violencia de género y en especial la cometida contra mujeres y menores de edad, no quede como un hecho más del conflicto y por el contrario los responsables de este tipo de acciones sean juzgados en el marco de la justicia transicional que está por discutirse y aprobarse. Más allá de los diferentes niveles de responsabilidad, lo cierto es que todos los actores armados están comprometidos en estas situaciones y por ende es necesario que reconozcan su responsabilidad como primer acto de restablecimiento de los derechos de las víctimas de estos delitos.

El reconocimiento de la responsabilidad, que conlleva la condena de las conductas de violencia sexual, no se trata simplemente de atribuir los hechos a los respectivos perpetradores sino especialmente de reconocer a las víctimas como sujetas de derechos, de dignificarles y de promover la visibilización de una problemática que ha sido ignorada por las partes, lo cual a su vez ha desincentivado a las víctimas para denunciar y ha fomentado una situación de impunidad generalizada.

Propugnamos entonces por un modelo de justicia transicional acorde con los derechos de las mujeres y niñas víctimas sobrevivientes de violencia sexual, que debe prever los mecanismos adecuados para garantizar su acceso a la justicia y superar las barreras que históricamente han generado que la justicia sea esquiva para ellas.

No es una tarea fácil, pero  tenemos el compromiso con miles de congéneres colombianas violentadas de lograr que en esta legislatura  se pueda construir un modelo de  justicia que las incluya, para que sean resarcidas por todo el daño y dolor que les causaron los distintos actores armados que se escudaron en el conflicto para someterlas.

 

Nota:

Celebro la decisión del Gobierno Nacional de sancionar la Ley 1850 de Julio de 2017 por medio de la cual  se castiga con cárcel y sanciones económicas a las personas que maltraten y abandonen a las personas de la tercera edad. Es un paso adelante en materia de derechos humanos y  un avance en la dignificación de la vejez.