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Más medidas contra los abusadores

Acaba de pasar en segundo debate en la Cámara de Representantes  una iniciativa tendiente  a contribuir y blindar a los  más  vulnerables de los ataques por parte de abusadores  y violadores.

Se trata de crear un registro nacional de abusadores sexuales de menores; un proyecto de ley  que busca establecer un banco genético y una inhabilidad laboral para ciertos oficios, que afecte a quienes hayan abusado de niños, mujeres  y demás. La iniciativa tiene  como finalidad  evitar la reincidencia  y proteger  de una manera más  efectiva a quienes a diario están  expuestos a ser objeto de ataques  de este tipo.

La propuesta que  ha tenido  un trámite favorable en el Congreso de la República, es un paso hacia adelante; Colombia es uno de los países de la región que  presenta  rezagos en cuanto a medidas efectivas contra los abusadores. En  otros países, propuestas similares  ya se aplican con gran éxito; incluso en Estados Unidos, los violadores tras pagar la condena, para  reintegrarse a la sociedad están obligados a expresar su condición y presentarse ante los vecinos   como una persona que fue condenada por delitos  relacionados  con abuso y violación.

Aunque  la idea  es de buen recibo, la controversia permanece latente, pues por un lado, están los que consideran que un condenado por este delito no puede ejercer labores relacionadas con menores de edad, pues creen que es ponerlos en peligro. Por el otro, juristas y expertos penales consideran que deben primar los derechos del exconvicto que saldó sus cuentas con la sociedad.

El tema no es fácil, ya que se confrontan dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución: la protección de los menores de edad versus las libertades y el derecho a la honra y el buen nombre de los ciudadanos.

Según las cifras del Consejo Superior de Política Criminal se estima que el 12 por ciento de los violadores sexuales de menores pueden reincidir, lo que  indica claramente que el nivel de exposición a que están sometidos principalmente   los niños  y las mujeres es alto, por lo que se hace necesario establecer mecanismos que redunden en su máxima protección.

Apartes del  proyecto de ley propone  entre otras cosas que las entidades públicas y privadas que presten servicios a menores de edad (educación, recreación salud…) deberán exigir  el certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Ofensores Sexuales para contratar su personal. La base de datos sería manejada exclusivamente por la Fiscalía General de la Nación, y estaría compuesta por los nombres, apellidos y número de identificación; delito o delitos sexuales, pena impuesta, domicilio, número telefónico y una muestra de ADN del exconvicto. Además, los procesados por estos delitos deberán reportar el cambio de residencia o de lo contrario tendrán una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El debate en el Congreso se tornará intenso, las posiciones frente a la vulneración de derechos hace que se ponga de presente la importancia de proteger y darle prioridad a los más vulnerables o de primar los  principios  de la ley que protege derechos  como la honra,  el buen nombre y en general las libertades individuales de quienes  pagaron por el delito cometido. Lo que sí creo, es que normas como esta pueden tener incidencia en la reducción de conductas punibles que afectan a las niñas, niños y adolescentes en sus derechos fundamentales.  La discusión está abierta.