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Las madres comunitarias merecen pagos dignos

Mientras la Corte Constitucional reconoció los derechos de 106 madres comunitarias que reclamaron el pago de salarios, primas y prestaciones sociales que dejaron de percibir  durante varios años de servicio; la  misma  Corte  le dio la  razón al  Gobierno Nacional que objetó una ley que  había aprobado el Congreso  en pleno  y que pretendía darles el estatus debido a estas  mujeres que tienen lo loable  tarea de cuidar y proteger  a  los más pequeños.

La noticia que  se conoció  hace apenas un par de días, no debe ser  vista  como una derrota, por el contrario  se trata de una oportunidad para seguir luchando   sin declinar en el propósito  de dignificar esta actividad  y darle un carácter justo y equitativo a miles de madres colombianas que desarrollan  una de las misiones más importantes , sólo delegable a personas con un don especial para proteger a los  niños.

El Gobierno basó  su argumento  en  que la solicitud de las  madres   comunitarias  era inconstitucional, además de inconveniente ya que no se contaría con los recursos para sostener el pago a las madres  comunitarias y en  cambio la idea en el Congreso se sustentó en un reclamo justo   y coherente, además de equitativo,  dada la responsabilidad y compromiso  que estas mujeres tienen  para con el futuro de nuestro país.

Esta figura de la madre comunitaria nació en el país en 1988, con el objetivo de trabajar por la nutrición y la salud de los niños más vulnerables.  Hasta el año 2014, se trató de un oficio voluntario por el cual ellas recibían  una especie de reconocimiento en  dinero, que a nuestro juicio  es muy poco dada la importancia del trabajo  que desarrollan.  Y desde el 2014 empezaron a recibir un salario mínimo y las prestaciones, gracias a otra decisión de la Corte Constitucional que amparó los derechos de una madre de Cali y que argumentó que la contratación  de las madres se hace por medio de terceros, lo que no les brindaba las garantías  para recibir una remuneración justa y equitativa.

Aunque a la luz de los hechos,  el Gobierno tiene fundadas razones para argumentar la imposibilidad de sancionar la ley, no es menos cierto que la Corte ya  expresó que el Estado tiene una deuda con las madres comunitarias de años anteriores y que debe ponerse al día, al igual que se deben buscar los mecanismos para evitar la tercerización laboral que el propio Gobierno a través de la implementación de medidas ha querido  acabar en el desarrollo de otras actividades laborales y profesionales. Las cifras son preocupantes,  si la Corte hubiera fallado en favor de las madres  comunitarias, el Estado habría tenido que   buscar más de 6 billones de pesos, recursos muy superiores  incluso  a la tan criticada Reforma Tributaria; es por eso que se deben buscar mecanismos para llegar a un punto medio que no lesione los intereses del Estado, pero que permitan que las queridas madres comunitarias  alcancen plenas garantías para el desarrollo de su actividad.

Creemos, como sabemos lo creen también las madres comunitarias que la ley no es contraria a la Constitución, pues para que los niños  estén bien,  las madres cuidadoras también deben estarlo y ello se traduce en seguridad jurídica, en claras garantías laborales para que de esa manera puedan cumplir con su labor  tranquilamente y con una atención de calidad para los más pequeños.

El respaldo es total y  absoluto para con ellas. Continuaremos buscando maneras, formas  y salidas  dentro de la ley para que la tarea que con tanto esmero, entrega y amor cumplen tenga el reconocimiento económico, porque  ellas merecen salarios  dignos.