opinión

¡Hasta cuándo la barbarie contra la infancia y la mujer!

No salgo de la consternación por el hecho presentado en la capital del país en el que se reportó la muerte de una pequeña niña, en circunstancias desde todo punto de vista irracionales e inconcebibles para cualquier ser humano. Es absolutamente incomprensible el nivel de degradación al que estamos llegando y que sean justamente las personas más vulnerables las que  tengan que pagar y sufrir por los comportamientos aberrantes de personas enfermas que no tienen la capacidad de comprender el dolor que causan y las consecuencias de esos actos.

Datos de Medicina Legal indican que cada hora, dos niñas son víctimas de abuso sexual en Colombia. Entre enero y septiembre de este año 9.243 fueron víctimas de abuso sexual. Esto corresponde al 83 % del total de casos. Más de 12 mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes menores de 17 años se han reportado en Colombia en lo corrido del año, cifras absolutamente alarmantes que  muestran la magnitud de un serio problema de salud y de carácter social en nuestro país, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad, fragilidad y falta de efectividad en las políticas para frenar el abuso y castigar a los violadores. Los expertos señalan que los principales agresores corresponden en un 39% por parte de un familiar, el 9% un conocido sin ningún trato, el 9% un amigo y el 8% un vecino. Además, se estima que el 71% de los casos reportados corresponden a niñas menores de 14 años, lo que deja una huella en sus vidas que repercute negativamente en su desarrollo social, afectivo, educativo y en su salud.

Está claro con lo ocurrido, que nuestra sociedad ha tocado fondo. ¿Qué más se necesita en nuestro país para determinar acciones puntuales y concretas que permitan frenar las acciones de violencia contra los más vulnerables?. Los violadores no distinguen grupos sociales y los castigos deben ser ejemplares. En distintos momentos se han planteado iniciativas para castigar el abuso sexual. Se ha hablado de castración química, pena de muerte, cadena perpetua; sea cual sea la propuesta, lo más importante es sacarla adelante y en eso no ha existido  una plena voluntad política, pese a que existe legislación, los castigos no son lo suficientemente  duros y contundentes, incluso las propias autoridades legales han abierto la posibilidad de rebajar las penas a los violadores condenados que se consideren resocializados. Es inaplazable la implementación de medidas que permitan combatir de manera frontal y severa los abusos de pederastas y violadores de niñas, niños y mujeres; se debería impedir que los fiscales y jueces, amparados en la legislación penal, le concedan beneficios o atenuación punitiva a quienes violentan a los menores de edad de esta manera. El llamado es a no callar.  Conocemos casos, pero hay muchos otros que no salen a la luz pública y eso  también es altamente preocupante. Toda la sociedad debe censurar y sentar un precedente  que nos haga más sensibles y nada tolerantes con este tipo de comportamientos propios de seres irracionales.